A pesar de que el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijó para hoy a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción en contra de cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, no ha iniciado la audiencia a la espera que la Corte de Apelación de esa jurisdicción se pronuncie sobre la recusación la juez Pablo Imbert Rosario.
Se informó en el tribunal, que la audiencia fue recesada a las 2:00 de la tarde, a la espera de que el tribunal de alzada decida si confirma al juez Imbert Rosario o por el contrario designe otro magistrado para el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva en contra de los imputados de golpear de manera salvaje a la víctima mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional.
Mientras que los imputados el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García y los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, se encuentran detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera del traslado al tribunal.
La fiscal Magali Sánchez, del equipo litigante que representa al Ministerio Público, se informó está a la espera de que llamen el rol de audiencia para subir al estrado para solicitar un año de prisión preventiva, que es el máximo en casos normales, que no son complejos.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción los agentes imputados llevaron a la víctima al destacamento de Naco el pasado 27 de abril, tras arrestarlo en Agora Mall, en donde la seguridad de la plaza comercial lo había esposado y retenido en un cuarto.
El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra De los Santos Correa.
El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima, en vez de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda, lo que evidencia que “siempre tuvieron control de la situación, conocimiento, pero sobre todo que participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción”.
Los agentes policiales diligenciaron con el Sistema de Emergencias 9-1-1 el traslado de la víctima al hospital Francisco Moscoso Puello, en donde, el 29 de abril, sus familiares lo localizaron y gestionaron su traslado al Darío Contreras, en donde falleció el día 1 de mayo, fruto de los actos de tortura y barbarie inferidos por parte de los imputados.
Además de ser coautores de actos de tortura o barbarie, los policías mintieron a los familiares de la víctima, a quienes indicaron que el joven se encontraba bien en manos del Ministerio Público, aunque nunca lo presentaron a un fiscal.
Además, le ocultaron de forma burlesca e inhumana, que ya para la fecha la víctima se encontraba ingresado en condiciones críticas en el Hospital Traumatológico Dr. Francisco Moscoso Puello, debatiéndose entre la vida y la muerte, a consecuencia de los actos de tortura o barbarie cometidos por los imputados.
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