NUEVA YORK._ El narco dominicano Obel Cruz García, de 55 años de edad condenado a la pena capital por el secuestro y asesinato en septiembre de 1992 del niño Ángelo García, de 6, espera ser ejecutado en la Cámara de Gas de la cárcel de Huntsville, Texas después de ser condenado a la pena capital por un jurado en 2013.
Aunque tienen el mismo apellido no está claro si la víctima y el sentenciado tienen algún parentesco familiar.
Cruz García, que tenía 46 años de edad cuando fue sentenciado a muerte violó la libertad bajo fianza por un caso de drogas en Texas y huyó a Puerto Rico donde purgaba una sentencia por secuestro en 2007 no relacionada con el caso del niño pero una prueba aleatoria de ADN lo conectó directamente a la muerte de Ángelo por lo que fue extraditado a Houston.
El Departamento de Justicia de Texas en sus informaciones sobre el Corredor de la Muerte, dice que nació en Santo Domingo, República Dominicana y un reportaje del periódico Chronicle de ese estado, lo tiene en la lista de varios migrantes ilegales condenados a la pena capital.
Tenía 25 años cuando presuntamente asesinó al niño.
A la justicia de Texas le tomó cinco años condenarlo a la ejecución.
Cruz García de cuya banda de narcotráfico formaban parte los padres del menor, apeló la condena a muerte en noviembre de 2017, pero la Corte de Apelación rechazó su instancia confirmando la pena capital.
Desde entonces, permanece en el Pabellón de la Muerte.
Hasta el momento no se ha fijado una fecha para su ejecución y sería el segundo dominicano después de Carlos Santana sentenciado a la Cámara de Gas por un atraco a un camión blindado de transporte de dinero.
Fue inyectado con el gas letal en 1995 y su cadáver velado en la iglesia Broadway Temple del Alto Manhattan.
A los investigadores y a la madre del niño asesinado les tomó más de 20 años dar con el paradero del asesino.
Durante el juicio en una corte de Texas, los fiscales dijeron que Cruz García y dos cómplices invadieron la residencia de los padres del menor por una posible disputa de la venta de drogas, secuestró a la víctima, lo llevó a una zona oscura y lo asesinó con múltiples puñaladas.
Cruz García mantiene su inocencia desde el principio alegando que nunca entró a la casa, no secuestró al niño y tampoco lo mató.
Sus alegatos han sido llevados a diferentes distritos judiciales y en todos, los jueces de apelación han rechazado las mociones del dominicano.
Amnistía Internacional lo puso en la lista de apelaciones rechazadas de docenas de sentenciados, mayoritariamente negros y latinos.
Según los testimonios de la mamá del niño en el juicio, Cruz García irrumpió enmascarado con un pasa montañas al igual que su acompañante en el apartamento situado en un edificio en el sur de Houston la medianoche del 30 de septiembre de 1992.
La madre y el padrastro del niño testificaron que ellos eran parte de la banda de tráfico de cocaína del acusado. Dijeron que fueron atados mientras el dúo saqueaba la casa.
Cruz García y el cómplice no identificado, huyeron con Ángelo en un automóvil conducido por un tercer hombre, quien testificó que Cruz García y el otro sospechoso llevaron al niño a un lago de la bahía de Baytown, donde fue apuñalado y el cadáver tirado en las aguas. Sus restos fueron encontrados en el lago un mes después.
El jurado condenó a Cruz García por homicidio capital después de deliberar por siete horas durante dos días.
Los fiscales elogiaron el veredicto.
“Es una decisión importante y, a veces, algunas personas tardan un poco más en llegar”, dijo la fiscal adjunta del distrito del condado Harris, Natalie Tise.
Los abogados defensores de Cruz García dijeron que estaban decepcionados y que el acusado estaba concentrado en su apelación.
Cruz García no reaccionó al veredicto cuando lo leyó la jueza de la Corte Suprema Estatal de Texas, Renee Magee.
“Estuvo bastante equilibrado durante todo el juicio”, dijo el abogado defensor del dominicano, Mario Madrid.
“No mostró mucha emoción durante el juicio o después del juicio”, añadió el jurista.
La policía de inmigración (ICE) puso una alerta de detención en 2010 contra Cruz García que estaba residiendo ilegalmente en Estados Unidos.
Inmigración se negó a publicar registros de Cruz García que mostraran si se les informó sobre los arrestos y condenas anteriores, o si alguna vez intentaron deportarlo.
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