El Contralor General de la República, Catalino Correa, fue demandado por un grupo de ciudadanos bajo la acusación de “inactividad administrativa y omisión” a consecuencia del uso de un ‘borrador de informe’ emitido por varios auditores y que fue usado por la Procuraduría Administrativa de Persecución de la Corrupción (PEPCA) para iniciar acciones judiciales en perjuicio de los demandantes.
El acta de demanda contra el Contralor General, en su calidad de jefe de los auditores que emitieron el ‘borrador de informe’ en cuestión, fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en que se exige del funcionario el pago de RD$527 millones por daños y perjuicios, mientras que los tres auditores que emitieron el ‘borrador de informe’, Gersy Mateo, César Thomas y Juan Flaquer, fueron sometidos patrimonialmente y con el embargo de sus cuentas, por más de RD$91 millones.
La demanda contra el contralor Correa consigna su responsabilidad “por inactividad administrativa y omisión culposa de su deber” le fue notificada el viernes, en la sede y en la residencia del funcionario en Nagua mediante Acto No. 773-12 del Ministerial Ángel López Gelabel, Alguacil Ordinario del Tribunal de Jurisdicción Original de Nagua, bajo la acusación de haber violado los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución, 18, numeral 8 de la Ley 10-07 y 40 del Reglamento, así como los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 107-13 dando lugar a la responsabilidad patrimonial sancionada en los artículos 148 de la Constitución y 57 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas”.
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